ANÁLISIS DE LA NOTICIA
A un año de la agresión, los pensionados aún la recuerdan
23 de Diciembre de 2016
Nuria Martínez / Xalapa, Ver.
Hoy se cumple un año de que granaderos atacaran con toletes eléctricos y fuerza bruta a pensionados de Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido ninguna recomendación al gobierno estatal, pese a tener pruebas que confirman el hecho.
La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) Adriana Chávez Tejeda, lamentó que la CNDH no haya emitido ninguna encomienda, pues aunque las víctimas fueron analizadas y entregaron pruebas fidedignas, la comisión “no se ha dignado” a dar una postura firme de los hechos.
Para Chávez Tejeda, la CNDH es una dependencia que no ha actuado conforme a derecho y es que posee fotos, videos y además, integró un archivo con los testimonios de cada uno de los pensionados que fueron atacados.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha dignado a emitir la recomendación y es terrible porque proporcionamos todo”.
Además, los pensionados han insistido durante los últimos meses para que la CNDH actúe, sin embargo, ésta solo se ha dedicado a dar largas, minimizando el acontecimiento que dejó perplejos a los veracruzanos.
“Cada mes está un compañero dando seguimiento y le dicen que el mes que entra y que el mes que entra”.
No obstante, aunque la CNDH ha hecho pequeño un problema que alcanzó a miles de personas, los jubilados y pensionados que fueron víctimas aún recuerdan vívidamente las acciones de los elementos de seguridad enviados por el entonces secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien confirmó haber dado la orden.
Uno de esos casos es el de María Nicolasa González, quién aunque fungió como maestra de secundaria, primaria y en la Normal, fue víctima de empujones y fuerza en su contra por pedir algo para lo que trabajó alrededor de 38 años.
Calificando el momento como frustrante, con las manos nerviosas y el recuerdo de compañeros llorando a consecuencia de la impotencia, la maestra asegura que aunque las dependencias olvidan, ella nunca.
“Yo fui de las agredidas, tengo hasta una foto donde tengo a cuatro granaderos detrás de mí empujando con sus protecciones, las que ellos traen, que la verdad lastiman, no se olvida”.
Los hechos registrados el 23 de diciembre de 2015 y toda prueba que se generó por medio de las redes sociales y de los medios de comunicación respaldaron las denuncias realizadas por los afectados, aunque al final solo la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación.
A pesar de ésta, meses después del acontecimiento continuaron registrándose atrasos en el depósito de quincenas y no sólo eso, sino que muchos de los adultos mayores que fueron atacados sufrieron las consecuencias de los golpes, empujones, toques eléctricos y del miedo y coraje que sintieron.
“Sentí a unas maestras cerca de mí pasarle los toques eléctricos. Al momento, la verdad es que tardé un mes adolorida de la espalda, cuando venían de la CNDH vino un médico, una psicóloga un licenciado y sí hicieron preguntas, pero pues es algo que solamente te preguntan de manera superficial, no es tanto como eso que sientes porque tú lo estás viviendo”, relata María Nicolasa.
El saqueo de la “caja chica”
Por otra parte, además de los golpes, los pensionados y jubilados veracruzanos enfrentan el problema de tener un Instituto de Pensiones que fue saqueado y que actualmente posee una deuda de más de 5 mil millones de pesos con la Reserva Técnica, además de un déficit.
Ante esto, Adriana Chávez Tejeda explica que para generar los recursos necesarios cotizan el trabajador y el patrón y la otra parte la pone el gobierno estatal; una de su incidencia y otra que es correspondiente a un subsidio estatal que aprueba la Legislatura Local.
Dicho proceso no se respetó desde el sexenio de Miguel Alemán, pues ni el subsidio, ni la parte del gobierno estatal fueron entregadas al IPE.
“En esa maniobra que hizo Fidel Herrera, Javier Duarte y que parece ser empezó Miguel Alemán, de concentrar todo en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cuotas, aportaciones y subsidios y todo y no entregárselo al IPE creó un déficit pero no por parte de los trabajadores, sino el gobierno que es el que no ha aportado lo que tenía que aportar creando un hoyo”.
Respecto a lo anterior, los pensionados exigen no solo el pago del déficit sino también el de la deuda que fue generada por el mismo gobierno y no por los trabajadores.
Y es que tan solo en el 2016, se le dieron dos préstamos al exgobernador y ahora prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, uno de 775 millones de pesos en febrero y otro en mayo de 360 millones de pesos.
“Que ni siquiera fueron considerados como préstamos sino como ‘apoyo solidario al gobierno’, esto quiere decir que también hubo unos cómplices absolutos, los integrantes del Consejo Directivo del IPE que son los que aprueban lo que pasa adentro del instituto”.
Por esto, Chávez Tejeda enfatiza que los 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE, siete de parte del gobierno y seis dirigentes sindicales de los trabajadores, enfrentan denuncias penales por ser partícipes del saqueo a la “caja chica” como solían llamarle algunos gobernantes al IPE.
La posibilidad de turnar las denuncias a la PGR
Con base a las situaciones que han enfrentado pensionados y jubilados y ante la necesidad de justicia y un cese a la corrupción, el Frente Estatal en Defensa del IPE no descarta la posibilidad de turnar las denuncias a la Procuraduría General de la República (PGR).
Según su testimonio, seguirán aumentando pruebas y si no hay respuesta en Veracruz tomarán la iniciativa de acudir a instancias federales.
“Es necesario acabar con la corrupción y la impunidad y este es nuestro granito de arena para acabar con la impunidad”.
Así pues, están decididos a esperar solo el 2017 para tomar medidas y buscar una solución certera al saqueo.
“El proceso va bien vamos a anexar más pruebas que tenemos y una serie de cosas, tenemos el expediente completo de la denuncia penal y estuvimos con el abogado y hay una serie de detalles que vamos a impugnar y agregar pruebas, esperaremos el próximo año, pero si es necesario, anexaremos todo lo necesario y todo lo que tengamos a la denuncia y la llevaremos a la PGR”.
Los nuevos nombramientos
Aunque decididos a no bajar la guardia ante la llegada de un gobernador panista y un nuevo director al Instituto de Pensiones, los integrantes del Frente Estatal de Defensa del IPE y de la Copipev coinciden en dar su voto de confianza a los nuevos titulares.
La secretaria de la Copipev, María del Rosario Arellano Libreros, señala que es importante que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares atienda a su sector, ya que además de ser “vulnerable” requiere compromiso.
“No tenemos por qué estar en la calle pidiendo una limosna, porque ya hubo 30 años de trabajo, dejamos nuestras cosas ahí y hubo malos manejos, entonces, que haya cumplimiento de su promesa, que las instancias que deben aplicar sanciones lo hagan porque mientras no se sancione a quien comete una falta porque se van encubriendo”.
Con la fama de haber sido un Secretario de Gobierno algo áspero, los pensionados confían en que la fuerza pública no será opción para Yunes Linares, además de que aseveran que permanecerán exigentes de su derecho.
“Yo en lo personal tengo mis reservas, sin embargo, hay que pensar positivamente, esperar cambios, no puede ser que se sigan repitiendo situaciones negativas como llamar a la fuerza pública para contrarrestar a quienes exigen a alguien lo que les pertenece, esperamos que su actuar sea parcial porque muchos años estuvimos dormidos pero ahora no”, dice la maestra María Nicolasa, evitando exhibir su nerviosismo.
Asimismo, el sector exige como gobernador al candidato, al que convirtió una promesa de campaña el acabar con la corrupción e impunidad.
“Que volteé a ver a los jubilados porque nosotros estuvimos durante los 6 años alertando de que el IPE estaba siendo saqueado y nadie volteó a vernos. Llamaríamos al gobernador para que de veras, si su lucha contra la corrupción e impunidad van en serio tome en cuenta a los jubilados en lucha. Si quiere resolver el problema del IPE, si como dice no le gustan las manifestaciones, él tiene la llave y esa llave se llama depositar puntualmente el dinero a los trabajadores activos y jubilados”, advierte Adriana Chávez Tejeda.
El caso del director Hilario Barcelata es más homogéneo entre pensionados y jubilados, con un voto de confianza y dejando en claro que conocen su labor como académico y economista, detallan que confían que “al menos” siempre podrán encontrar las puertas abiertas para dialogar.
“La expectativa que tenemos es similar en el sentido de que esperamos mucho de este nuevo gobierno, que cumpla lo que ha ofrecido y la asignación del director del IPE, estamos contentos, esperanzados en que sabemos que es una persona muy capaz con muchos conocimientos específicamente tiene mucha información del IPE y eso nos garantiza que va a ser un buen papel”, puntualiza María del Rosario Arellano Libreros.
Sin embargo, el conocimiento de su currículum y la relación amistosa que mantienen con Barcelata no será justificación para problemáticas dentro del IPE o fuera de él cuando se trate del depósito quincenal de una pensión que por ley les corresponde.
Con ahínco y certeza, resaltan su trayectoria limpia y su conocimiento de la situación del instituto, pero también, las solicitudes que encabezarán.
“Él sabe que nuestra lucha es por el modelo solidario del IPE y que ahí no vamos a ceder, que nuestra lucha es por la defensa de un derecho humano que es recibir la pensión puntualmente y que ahí no vamos a ceder, así como nos hemos manifestado con otros directores cuando incumplen lo haremos con él”, sentencian.
Actualmente existen más de 29 mil pensionados en el estado que no solo enfrentan un adeudo, sino que también enfrentan un proceso legal para que exista un respeto total a su integridad física y psicológica, misma que fue lacerada durante años.