Acusan a Winckler de estancar investigación de desvíos en el IPE
08 de Febrero de 2017
Staff MARCHA / Veracruz, Ver.
El Congreso y Contraloría Nacional Ciudadana, encabezada por Hilario Arenas Serdán, exigieron este jueves al Gobierno del Estado una solución a la demanda por el desvío de 2 mil 999 millones 900 mil pesos de las reservas técnicas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) durante los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, afectando a mas de 27 mil pensionados.
Y es que acusaron al titular de la Fiscalía General, Jorge Winckler Ortiz, de mantener estancada la querella interpuesta en contra de los titulares del IPE, haciendo quedar mal al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ya que ésta fue una de sus promesas de campaña que no sólo no ha cumplido, sino que ni seguimiento se le ha dado a estas investigaciones.
Dijo que en el mes de enero, el mismo Orfis interpuso un par de denuncias penales en contra de los integrantes del Consejo Directivo del IPE, acusándolos de causar daño patrimonial al instituto.
"Una denuncia fue por un monto de 2 mil 684 millones de pesos por haber entregado ese dinero de la Reserva Técnica al Gobierno del Estado, pese a que esto está prohibido por la ley del IPE. La otra denuncia es por no haber integrado a la misma Reserva Técnica otros recursos que se habían tomado y que suman 2 mil 709 millones de pesos, es decir, que en total suman un monto de 2 mil 999 millones 900 mil pesos", señaló.
El consejo directivo decidió entregar ilícitamente a Sefiplan 180 millones de pesos para que, mediante un "contrato de comisión mercantil", actuara como "comisionista" del IPE, realizara inversiones financieras con ese dinero y garantizándole el pago de rendimientos a una taza neta del 5 por ciento anual.
Adicionalmente Sefiplan se comprometió a garantizar el cumplimiento del pago con bienes del patrimonio del Estado, pero jamás cumplió con entregar la lista de los bienes en garantía.
Por otro lado, el IPE entregó también ilícitamente a la Sefiplan recursos por un monto de mas de 100 millones de pesos, los cuales igualmente se encuentran pendientes de ser reintegrados al IPE.
Con estas y otras muchas pruebas más, el Congreso y Contraloría Nacional Ciudadana exigieron hoy al fiscal general Jorge Guinkler Ortiz se ponga a trabajar y haga justicia a 27 mil pensionados y jubilados del Estado.
