Manuela V. Carmona / Córdoba, Ver.

A partir de este martes, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ejecutó al menos 50 órdenes de aprehensión en contra de igual número de ciudadanos cordobeses.

Esto se debe a que han sido acusados de haber hecho turismo electoral en las elecciones presidenciales y de diputados federales en el año 2012.

Y es que la denuncia pesa en contra de estas personas por no haber hecho una última notificación sobre su residencia en el Estado de México, pero esta vez a través de estrados, misma que también fue ignorada, lo que provocó que la autoridad investigadora diera por ciertas las acusaciones y procediera a imputarles el hecho de declarar con falsedad ante una autoridad electoral.

Este delito está estipulado en el artículo 411 del Código Penal Federal, que establece que quien altere el Registro Federal de Electores o expida credenciales para votar falsas, será castigado con 200 días de salario mínimo o hasta con siete años de prisión.

Aunque el término “turismo electoral� no existe en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) ni en el Código Penal Federal, podrían ser acusados por el delito de Alteración del Registro Federal de Electores.