Jesús Ruiz / Perote, Ver.

Pese a que podrían estar incurriendo en una acción de inconstitucional, el Congreso del Estado validó con 34 votos a favor y 12 en contra la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se crea una Sala en Materia Constitucional.

A partir de ahora, el artículo 24 señala que el Tribunal Superior de Justicia contará con las siguientes salas colegiadas:

Una Sala Constitucional, cuatro Salas Penales, dos Salas Civiles y dos Salas en Materia de Familia, integrada cada una de ellas por tres magistrados, de entre los que se elegirá a su presidente, el cual fungirá por un año, con la posibilidad de ser reelegido de forma inmediata por una sola ocasión.

Igualmente, el apartado 29, fracción VI, ahora faculta a la Sala Constitucional para conocer de los asuntos que establezcan la Constitución Política Local y demás normativa aplicable, así como los que le asigne el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo los asuntos en materia penal.

Mientras que el 31 bis, precisa que las Salas en Materia de Familia, tendrán su sede oficial en el municipio de Xalapa, enumerando cada una de sus atribuciones.

Lo anterior pese a los posicionamientos de legisladores de los Grupos Legislativos de los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD)-Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT), quienes pidieron rechazar el proyecto.

Antes de la aprobación, el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, coordinador de la bancada PRD-MC, subió a tribuna para rechazar la reforma presentada por el gobernador del estado Javier Duarte.

En ese sentido, afirmó que con este aval se violaría el principio de supremacía de la Constitución, pues se dará pie a que en los procesos del orden penal, los actos de la Sala Constitucionalidad que conozcan asuntos penales, pudiera ser violatorios.

“No hagamos cambios que no sean analizados a profundidad y sin respetar la técnica jurídica (...) debemos ser garantes de la Supremacía de la Carta Magna�, expresó al adelantar que esta decisión pudiera provocar una acción de inconstitucionalidad por parte de la PGR.

En el mismo sentido se posicionó la legisladora del PAN, María del Carmen Pontón Villa, pues expuso que ninguna ley puede estar por encima de la Carta Magna, de lo contrario se estaría contraviniendo el principio de supremacía constitucional.