Jesús Ruiz / Xalapa, Ver.

Si los responsables de las observaciones públicas de 2014 regresan el dinero bajo sospecha de malversación no pisarán la cárcel pese a que serían denunciados, afirmó el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Al respecto, adelantó que el próximo julio se definirá si alguno de los ocho entes fiscalizables con observaciones de ese ejercicio es denunciado ante la Fiscalía General del Estado, aunque subrayó que si se regresa el dinero no habrá problema.

“Al resarcir el daño obviamente la denuncia no la hay, pero se hace una observación administrativa para que actúe el contralor interno del ente fiscalizable observado y actúe en consecuencia�, indicó el auditor general.

Subrayó que quienes solventen este mes las consecuencias serán interponer una denuncia ante la FGE, pero se está trabajando para que solventen o reintegren los recursos señalados.

Cabe recordar que de los ocho entes señalados en ese ejercicio seis son municipales y dos son estatales.

Se trata del ayuntamiento de Cosamaloapan, que debe solventar 3 millones 908 mil 649.94 pesos; Coatepec 585 mil 406 pesos; quienes presentaron el recurso de reconsideración el 29 de abril y el plazo vence el 5 de julio.

Además el ayuntamiento de Acultzingo tiene un daño patrimonial por 364 mil 700 pesos y Hueyapan de Ocampo por 279 mil 633.52 pesos; mismos que entregaron los recursos de reconsideración el 3 de mayo y el plazo para solventar vence el 7 de julio.

Por su parte el municipio de Chinameca presenta un daño patrimonial por 538 mil 106.45 pesos y Las Choapas por 179 mil 571.71, los dos ayuntamientos presentaron el recurso de reconsideración el 4 de mayo y el plazo para solventar concluye el 8 de julio.

En lo que se refiere a los entes estatales la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) está señalada por 25 millones 623 mil 840.02 pesos y la Dirección General de Infraestructura Urbana de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, por 5 millones 656 mil 273.26 pesos.

Ambas entidades estatales presentaron el recurso de reconsideración el 3 de mayo y el plazo para solventar vence el 7 de julio.