Staff MARCHA / Xalapa, Ver.

La organización Reporteros Sin Fronteras demandó al Gobierno del estado de Veracruz aplicar medidas urgentes para resolver los crímenes y agresiones cometidas contra periodistas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Durante los seis años de su administración desaparecieron tres periodistas y 17 más fueron asesinados.

Es por lo anterior que el director para América Latina, Emmanuel Colombié, y el secretario general de la organización, Christophe Deloire, mencionaron durante la presentación del informe de la misión especial que tuvieron el año pasado que la administración de Javier Duarte, Veracruz fue el estado más peligroso para ejercer el periodismo.

“Las estadísticas de los último cinco años son una muestra: Veracruz es el lugar más peligroso del continente para los medios de comunicación, en un México que oficialmente no se encuentra en guerra pero que padece desde hace décadas la violencia de los cárteles de la droga�, se lee en el documento.

“Desde los primeros meses del gobierno de Duarte de Ochoa –hoy prófugo de la justicia- comenzaron a registrarse asesinatos de periodistas; rápidamente éstas se multiplicaron. Las primera víctimas fueron los reporteros que investigaban los nexos entre el crimen organizado y los políticos�.

Cabe mencionar que los periodistas en la entidad, durante la época del duartismo no sólo corrían riesgo al investigar al crimen organizado sino que algunas agresiones fueron ordenadas por parte de exfuncionarios públicos.

De los 17 casos de periodistas asesinados y los tres desaparecidos ninguno ha sido esclarecido por la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigida hasta noviembre de 2016 por Luis �ngel Bravo Contreras, no obstante el clima no es muy diferente toda vez que a la llegada de Jorge Winckler Ortiz los casos tampoco han sido reabiertos.

Los especialistas presentaron en su informe que a nivel nacional, entre 2001 y 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 037 quejas por actos de violencia contra medios de comunicación y periodistas.

Durante la presentación de informe, Reporteros Sin Fronteras lanzó una serie de recomendaciones al gobierno federal, al gobierno de Veracruz, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al Mecanismo Nacional de Protección, a la CNDH así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).

Algunas de las recomendaciones por Reporteros Sin Fronteras son:

-Intensificar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
-Garantizar el respeto a las libertades fundamentales como la libertad de prensa y el acceso a la información.

-Otorgar de forma sistemática medidas de protección a periodistas amenazados y a sus familias

-Incrementar los recursos humanos y financieros a dependencias como la Feadle, CEAV así como al Mecanismo de Protección.

-Que la Fiscalía especial de la OGR de a conocer públicamente el seguimiento de cada uno de los casos de las agresiones contra periodistas

-Que la PGR informe el número real de investigaciones, el número de detenidos y juzgados por participar en una agresión contra periodistas o medios de comunicación.

-Contar con personas calificado y expertos en psicología para brindar apoyo a las víctimas.

-Contar con oficinas en los estados más peligrosos para realizar dicha profesión para así trabajar de la mano con ministerios públicos.

-Cuando haya sospecha de que autoridades locales estén implicadas en las agresiones se investigue hasta garantizar la consignación.

-Que se indemnice a las víctimas; se de prioridad a investigaciones de aquellos que sufrieron desaparición forzada y se entere a los familiares del avance la investigación, entre otras.

Reporteros Sin Fronteras pidió también a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) continuar con los esfuerzos para una mayor transparencia en sus acciones y que instale oficinas en zonas aisladas donde haya denuncias de que hay periodistas en riesgos para actuar con mayor rapidez.

Le pide contar con personal especializados que rinda un informe periódico ante las organizaciones de la sociedad civil sobre los resultados obtenidos de la protección de los periodistas o medios de comunicación que hayan padecido algún tipo de agresión.