Jesús Ruiz / Xalapa, Ver.

Este martes la Diputación Permanente turnó a comisiones la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte que envió el gobernador del Estado, Miguel �ngel Yunes Linares, con la que pretende poner orden en el transporte público.

Cabe señalar que de acuerdo con la propuesta, los interesados podrán solicitar más concesiones en la modalidad de pasajeros y los concesionarios o conductores deberán de adquirir gasolinas con tarjetas de prepago para evitar que la compren en establecimientos irregulares.

Además, deberán atender las disposiciones de la Alerta de Género en los municipios en donde se decretó este esquema, pero todos los concesionarios tendrán que instalar dispositivos electrónicos de alerta del pasajero, inhibiendo así agresiones, especialmente a mujeres.

El proyecto, que se turnó a comisiones en la sesión de la Diputación Permanente de este martes, pretende establecer la obligatoriedad de los concesionarios, de inscribir en el Registro Estatal de Conductores a los operarios de los vehículos autorizados para la prestación del servicio.

Adicionalmente se propone prohibir instalar propaganda política en las unidades del servicio de transporte público en todas las modalidades y submodalidades; y en lo que respecta a la instalación de publicidad, ésta se sujetará a las disposiciones que determine la autoridad de transporte.

Yunes Linares plantea atender el rezago administrativo en el tema de las concesiones, eliminando requisitos innecesarios que retrasan la transferencia por cesión de derechos o incluso por herencia y reforzar los procedimientos que existen para la emisión de las licencias de conducir.

El Ejecutivo explica que de aprobarse su propuesta de regularización del transporte público las personas físicas podrían obtener hasta cinco concesiones en la modalidad de pasajeros, dependiendo de la necesidad del servicio.

Asimismo se plantea que las personas morales, en los términos que establece el artículo 123 de dicha Ley, podrán ser titulares de las concesiones que resulten necesarias para la modalidad de pasajeros, de acuerdo a las necesidades del servicio, cuando actualmente se puntualiza que ello aplicará para las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, exclusivo de turismo, para personal de empresas y carga especializada.

Se propone que las concesiones que se otorguen para prestar el servicio de transporte público, en la modalidad de pasajeros y submodalidad de taxi, se equipararán al patrimonio familiar, y por lo mismo son inalienables e inembargables y que los derechos que ampara una concesión para prestar el servicio de transporte público, podrán ser transferidos a terceros, previa autorización de la Dirección de Transporte.

Yunes Linares plantea que no se autorice el registro en el REC a los conductores que presenten alguna adicción a estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares o hayan intervenido en la comisión de actos ilícitos en la prestación del servicio de transporte público.

En cuanto a la cancelación de la o las concesiones, siguiere que se den por Liquidación o quiebra; por el fallecimiento del titular, cuando las personas con derecho a heredar no procedan a notificar el hecho a la Dirección de Transporte, en el término de los tres años siguientes; cuando sin causa justa, el concesionario o permisionario no cumpla con los lineamientos, planes y programas, que en materia de transporte emita la autoridad del ramo y cuando sean otorgadas violándose las disposiciones legales y reglamentarias en la materia.

También serán despojados del permiso cuando el vehículo que sea conducido por quien carezca de la licencia correspondiente a la modalidad de que se trate o teniéndola esté suspendida su vigencia; si el conductor de la unidad opere la misma en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias toxicas o psicotrópicas o con temeridad.

Además, si en la prestación del servicio de transporte público, el vehículo autorizado sea utilizado en la comisión de delitos contra la salud o delincuencia organizada, una vez acreditada la responsabilidad penal del concesionario, ya sea ésta de carácter intencional o por encubrimiento; y finalmente si el vehículo autorizado para la prestación del servicio de transporte público, sea abastecido de combustible fuera de estaciones legalmente establecidas para ese fin.

En la justificación de su iniciativa, Miguel �ngel Yunes Linares asegura que en las anteriores administraciones se otorgaron concesiones sin analizar que el posible concesionario tuviera las calidades técnicas para su desempeño, tampoco se analizaron rutas de transporte urbano, que ha llevado a una congestión total en Xalapa, Veracruz y las vías de comunicación del Estado. Situación que no sólo afecta a la calidad del transporte, sino a los propios concesionarios, generando una competencia desleal que dañó a los verdaderos transportistas afectando su economía.