El mejor reconocimiento que se les puede otorgar a los hombres y mujeres de la pluma, es haciéndoles justicia a los periodistas caídos.
En el marco del Día de la Libertad de expresión en México, a 65 años de su creación, a lo largo de más de tres décadas se fue creando una estrechez de la libertad de expresión, a una libertad con todas las agravantes para matar al mensajero, el puente entre la sociedad civil y el poder público. La impunidad es una muestra a flor de piel de las columnas del poder.
Instituido por el presidente Miguel Alemán Valdés el 7 de junio de 1952, a petición de un grupo cortesano de editores del país para establecer un duelo de adulaciones entre el poder público y la prensa que aún pervive, el festejo llegó a convertirse en un festín para alimentar la avaricia, frivolidad y trampolín político de los editores y columnistas, a cambio de exaltar la figura presidencial.
Esto, por supuesto, se extendió desde entonces en todo el país. Gobernadores y alcaldes secundaron al presidente de la República para pedir y exigir a los editores de los medios impresos y electrónicos sumisión casi total al criterio del poder público, donde la censura y la amenaza con el retiro de la publicidad oficial era y es la constante todavía.
Por más de ocho décadas la mayoría de los estados fueron gobernados por el PRI y los Mass Media sujetos al vasallaje del partido gobernante y hegemónico. La relación del poder público con los medios de comunicación tuvo un giro de 180 grados cuando el presidente José López Portillo, por conducto del secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles –tuxpeño por excelencia-, instituye la Reforma Política Electoral en 1977.
A partir de esa fecha se inicia la caída del partido dominante y hegemónico. Nace entonces el pluralismo político electoral y empieza a cristalizarse el pluralismo que hoy es una realidad en el país. Pero la perfección de las instituciones han sido cuasi perfectas, que empiezan a hacer agua, para convertirse en gobiernos cleptócratas que da sustento la partidocracia.
A partir de 1984 para acá, el 31 de mayo, fecha emblemática, es abatido por un asesino profesional el periodista Manuel Buendía Tellezgirón, autor de la columna Red Privada que publicaba el diario Excélsior y que replicaba en ese entonces la Agencia Mexicana de Información (AMI) en los principales diarios y semanarios del país.
Buendía, por esas fechas, era uno de los columnistas más leídos, influyentes, serios y un profesional en la investigación acusiosa, junto con José Luis Mejía, autor de la columna Los Intocables de Excélsior; Roberto Blanco Moheno de la revista Siempre; Luis Gutiérrez Rodríguez de Uno Más Uno; y Luis Spota del Heraldo de México, por citar algunos.
El autor de Red Privada, de raíces liberales, era un periodista combativo, ameno y profundo en temas de narcotráfico, que él destapó y corrió el velo cómo éste iba penetrando a las altas esferas del poder público federal y local, sindicalismo, clero y universidades públicas. El asesinato de Buendía de acuerdo con los indicios periodísticos, fue calificado como “un crimen de Estado”.
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De 1984 para acá, en 33 años la libertad de expresión se ha visto en penurias para ejércela por la amenaza de los poderes fácticos del crimen organizado, el sindicalismo charro y los poderes formales del poder público. De esa fecha las agresiones y atentados a periodistas y fotorreporteros ha sido la constante en el país.
La libertad para ejercer el periodismo se ha visto limitada y amenazada recurrentemente por actores de las principales fuerzas de la partidocracia o de los cárteles de la droga, ante la complicidad abyecta de las altas esferas gubernamentales, tardía respuesta de las fiscalías generales o de la propia PGR.
Es inconcebible que en 13 años en Veracruz hayan ocurrido 20 crímenes y una decena de desapariciones forzadas de periodistas y hasta la fecha no hayan sido esclarecidas con sentencias condenatorias por la fiscalía general en turno. En algunos casos los crímenes han sido cerrados suspicazmente y, en otros, como el caso de Regina Martínez Pérez, los criterios del juez son sesgados en su resolución.
El veredicto de los jueces locales y federales en la mayoría de los crímenes contra reporteros de los medios de comunicación que ocurrieron en los dos últimos regímenes priistas, no satisfacen ni convencen a la comunidad periodística. Se generaron más dudas que certeza si en verdad tuvieron vinculación los móviles con el crimen organizado.
La eficacia y probidad de la fiscalía general en turno ha sido sombría y una cortina para esclarecer puntualmente los recientes atentados de los colegas Ricardo Monlui Cabrera, del Sol de Córdoba, ejecutado en Yanga; Armando Granados Arrieta, jefe de redacción de la Opinión de Poza Rica, quien sobrevivió de un atentado; e Israel Hernández, de Imagen de Veracruz y corresponsal de Aristegui Noticias, herido de bala y ya restablecido. Los tres casos ocurridos en abril pasado.
La estrechez de la libertad de expresión o libertad para matar al mensajero no sólo ocurre en Veracruz sino en la mayor parte del país, ante la apatía e indolencia de las altas esferas de Los Pinos que se ha extendido desde Yucatán hasta Tijuana. Más que celebrar el Día de la libertad de expresión, hay que pugnar porque el gobierno federal y los estados reivindiquen a los familiares de los periodistas asesinados que reclaman justicia pronta y expedita, así como la localización de quienes se encuentran entre las desapariciones forzadas.
Los periodistas no pueden vivir en un estado de indefensión, en la simulación, donde los poderes fácticos del crimen organizado y formal del poder público someten con la muerte a quienes ejercen la libertad de expresión, para silenciar la disfuncionalidad de los estados como Veracruz. El doble discurso es abominable.
La libertad de expresión no es una canonjía o una gracia del Estado mexicano, es un derecho consagrado en la Carta Magna. El mejor reconocimiento que se les puede otorgar a los hombres y mujeres de la pluma, es haciéndoles justicia a los periodistas caídos. Comentarios a gau41@hotmail.com
