PLANA MAYOR

El ADN electoral anticrimen organizado

Gaudencio



Los futuros candidatos de los 212 municipios deberán de sacudirse los estigmas del Duartegate y del profeta que cimbraría a México, si quieren ser la mayoría el 4 de junio y la antesala de 2018
No podía faltar en el escenario electoral el triunfalismo palaciego de la coalición en el gobierno PAN-PRD, que continúa relamiéndose del goce de la victoria —antes oposición hasta el año 2016— y el pesimismo de la hoy oposición del PRI-PVEM, que carga en su haber el lastre del Duartegate y de la imposición de la fidelidad en un 30 por ciento del universo de la alcaldías.

El avance del reloj electoral no ha detenido su marcha. A pesar de las sombrías amenazas de la inacción financiera que las altas esferas gubernamentales han dejado de cubrir en tiempo y forma la entrega de los dineros públicos al árbitro electoral que se adeudan desde el año pasado.

La renovación de los 212 ayuntamientos del estado será exitosa en la medida que el gobierno de la transición no sea mezquino ni intolerante con los dineros públicos autorizados por la Legislatura local para el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Para que la azarosa democracia sea robusta, no sea escamoteada ni opacada por los altos círculos del poder público, las cúpulas partidistas que gastan dinero a manos llenas sin importar el quebranto financiero que dejó el gobernante priista saliente de la cual fueron corresponsables, tienen la obligación de hacer público que sus candidatos a las alcaldías no están manchados con el crimen organizado.

No puede haber actitudes de ingenuidad, candidez o simulación —como el caso de la candidata fallida de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval, exhibida en un montaje grabado recibiendo 500 mil pesos para actividades de López Obrador por una mujer empresaria no identificada— de los cuasicandidatos a las alcaldías, porque conocen con toda claridad la norma electoral que no pueden recibir en lo “oscurito” ni en los drenajes del poder público donaciones financieras que rebasen el financiamiento público o de fuentes ilegítimas de los poderes fácticos del crimen organizado o sindical.

Los candidatos (as) a las presidencias municipales que estarán en disputa por 30 días a partir del 2 de mayo —el día 29 de abril se vence el plazo de los registros ante los concejos electorales municipales—, deben gozar de todos sus derechos políticos, no tener antecedentes penales, aunque en este punto está visto que el árbitro se lo pasó por el arco del triunfo porque hay algunos presuntos candidatos que son todo una fichita, y no tener vínculos con la delincuencia organizada.

En teoría se supone que las cúpulas partidistas debieron examinar que los candidatos (as) cubrieron todos los requisitos que establece el Código Electoral local, incluyendo que gocen de arraigo popular en sus respectivas localidades. El ADN de transparencia y probidad debió haber sido avalado por la autoridad del Ministerio Publico común o la Fepade para que después no salgan con su retórica de “mercachifles” y su expiación de culpa.

El OPLE hasta ahora ha actuado con pusilanimidad con
las cúpulas de los partidos políticos. En los días previos al registro y en el registro de los candidatos (as), el árbitro electoral debió hacer un enérgico llamado a todos los actores del proceso electoral para que sea visible el ADN anticrimen organizado y no se convierta en un cochinero las elecciones del 4 de junio con la intromisión de los cárteles de la droga.

Nadie en su absoluto juicio sano puede minimizar la presencia del crimen organizado. Veracruz, pese al apoyo presidencial con el reforzamiento de las fuerzas castrenses, atraviesa por un estado disfuncional —herencia, por supuesto del Duartegate—, los ríos de sangre son inocultables y la seguridad pública se sostiene en alfileres.

El gobierno de la coalición PAN-PRD y transición —dedicado, entre otras tareas exterminadoras, a expulsar los testaferros visibles del duartismo-fidelismo que se enraizaron en el poder público—, hace lo que puede para restaurar el imperio de la ley y el endeble tejido social de Veracruz.

Los delitos de alto impacto social se han disparado como nunca en los anales de la historia del estado. Los secuestros, ejecuciones, robos y asaltos en todos los estratos sociales se han ido a la cresta. Por ello preocupa que el árbitro electoral y los partidos políticos caricaturicen la grave inseguridad pública que se registra en la geografía veracruzana.

La narcoviolencia que se registra en la entidad, con ejecuciones desde el Pánuco hasta el Tonalá, impactará en las actividades proselitistas de los candidatos (as) a las presidencias municipales y en el curso del día de las elecciones del 4 de junio. El INI ya focalizó la cabeceras distritales y municipios donde podrían exacerbarse los ánimos el día de las elecciones.

El blindaje electoral, según expertos en seguridad y derecho electoral, debe ser garantizado por las cúpulas partidistas con sus candidatos que estén vacunados contra cualquier injerencia de los poderes fácticos y sindicales que buscan lavar dinero ilegítimo por medio de las campañas electorales, que están a la vuelta de la esquina, haciendo ganador a sus incondicionales a las alcaldías.

Los partidos políticos, consejeros electorales y el timorato árbitro electoral que representa Alejandro Bonilla, por norma, deontología, certeza, equidad, igualdad y probidad no sólo deben garantizar y salvaguardar los comicios electorales, sino demostrar que los candidatos (as) no están bajo la sospecha del manto protector del crimen organizado.

El discurso oficial populista y de las cúpulas partidistas ha alimentado la exacerbación social y el desdoro, porque sus promesas con el electorado han sido sólo quimeras. Los futuros candidatos de los 212 municipios deberán de sacudirse los estigmas del Duartegate y del profeta que cimbraría a México, si quieren ser la mayoría el 4 de junio y la antesala de 2018. ¿De acuerdo? Comentarios a gau41@hotmail.com