@suntos del Poder

Javier Duarte de Ochoa, prototipo de la corrupción

Manuel Carvallo



Sus corruptelas le cambiaron las sábanas de seda por litera de cemento
Miembro de la mal llamada "Nueva Sangre del PRI", de la que formó parte junto con otros mandatarios estatales que resultaron de lo más corruptos en la historia del país, Javier Duarte de Ochoa comenzó a pagar los errores cometidos por culpa de su insaciable ambición de poder y dinero.

Sus herreros, tanto en la política como en la administración pública, le cambiaron sus sabanas de seda por una litera de cemento en hacinada cárcel de Matamoros, en Guatemala, donde fue detenido hace exactamente 10 días.

Javier Duarte nació el 19 de septiembre de 1973 en el Puerto de Veracruz. Es hijo de María Cecilia de Ochoa Guasti y de Javier Duarte Franco, quien irónicamente muriera el mismo día del nacimiento de su primogénito, pero 12 años después, durante el terremoto de 1985, al desplomarse el Hotel Regis donde se hospedaba.

Contrajo nupcias con Karime Macías Tubilla, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con quien procreó tres hijos: Javier, Carolina y Emilio.

Hace 22 años, en 1995, despuntó su carrera de “servidor público” como asesor de la Coordinación General para la Promoción de la Participación Social en Gobernación. Posteriormente ocupó varios puestos similares, hasta que lo contactó quien a la postre resultaría su maestro en las lides políticas: Fidel Herrera Beltrán, que lo hizo primero su secretario particular cuando ocupaba el cargo de diputado federal y al llegar a la gubernatura de Veracruz, lo ungió como subsecretario de Finanzas y Administración y luego secretario de Finanzas y Planeación del Estado.

Ahí, había comenzado el “curso intensivo” de cómo robar al pueblo, enseñanzas que asimiló perfectamente el entonces bisoño funcionario.

Durante el mandato de Fidel Herrera Beltrán, Duarte de Ochoa se mantuvo con bajo perfil, pero siempre adiestrado y dirigido por su maestro que finalmente llevó a “su delfín” a la gubernatura, sucediéndolo en el cargo el uno de diciembre de 2010, fecha histórica, porque desde ahí, Veracruz y los veracruzanos comenzarían a tocar fondo.

Antes de llegar a la gubernatura, vivía en las inmediaciones del Club de Golf de Xalapa, en una modesta casa campestre de apenas dos plantas y cochera para dos automóviles. Una década después, poseía nueve propiedades residenciales en los municipios de Boca del Río, Veracruz, Emiliano Zapata, Córdoba y la más ostentosa: un gigantesco rancho, cerca de la cabecera municipal de Fortín de Las Flores, denominado el Faunito, valuado en más de 200 millones de pesos.

También se le detectaron, de acuerdo a la carpeta de investigación 1135/2016, propiedades en Guerrero, lo mismo que en Texas, así como inmuebles de sus colaboradores más cercanos en Costa Rica y en Madrid, Bilbao, La Coruña y Cataluña, España, adquiridas por prestanombres, con el dinero de los veracruzanos.

A un año de su mandato, el Estado había sido tomado por completo por la delincuencia organizada, a tal grado que el 20 de septiembre, en el municipio de Boca del Río, durante el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, encabezada por la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres, en la glorieta de Los Voladores de Papantla, frente a Plaza Américas.

Habían sido torturados, ejecutados, algunos degollados, para luego echarlos sobre la carpeta asfáltica, muchos de ellos completamente desnudos. Era un aviso de la delincuencia a las autoridades federales de que el estado estaba en sus manos gracias a Javier Duarte.

Duarte de Ochoa tuvo que salir a dar la cara y declaró: “a escasos metros de donde nos encontramos sucedieron hechos terribles, brutales, hechos que lamentamos y, por supuesto, rechazamos, hechos que nos lastiman a todos. En Veracruz no minimizamos el crimen, lo situamos en su justa dimensión, lo enfrentamos y lo combatimos”, aseguró.

Sin embargo, tanto Duarte como su procurador Reynaldo Escobar Pérez, pese a desconocer el número total de víctimas, afirmaron que con base a datos de Plataforma México, se podía señalar que todas las víctimas tenían antecedentes penales por homicidio, secuestro, extorsión o narcomenudeo.

En su cuenta de Twitter, Duarte publicó: "Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más, que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar. Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada”. La misma Plataforma México se encargó de desmentirlo y clarificó que solamente siete de las víctimas habían sido identificadas.

Empero, la espiral de violencia, al igual que la corrupción y la impunidad, así como la fortuna de Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macias Tubilla siguieron creciendo y Veracruz continuó en el baño de sangre y hundiéndose en la miseria que, ya para ese entonces era grave.

El 28 de enero del 2012, comenzaron los escándalos de corrupción dentro del Gobierno del Estado, luego que la Policía Federal detuviera en el aeropuerto de Toluca, a Said Zepeda y Miguel Morales, supuestos funcionarios de Veracruz, cuando transportaban dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo. Fueron decomisados y puestos a disposición de la PGR. Se haría una investigación para determinar si el origen del dinero era lícito y si este realmente pertenecía al gobierno estatal.

Al respecto, Tomás Ruiz González, secretario de Finanzas de Veracruz, dijo que el dinero era para el Día de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín, “no es ilegal transportar grandes cantidades de dinero en efectivo”, dijo.

Al siguiente día, Vicente Benítez González, tesorero estatal, renunció a su puesto “para no entorpecer las investigaciones”.

Gustavo Madero Muñoz, dirigente nacional del PAN, dijo que el dinero era para financiar la campaña del entonces precandidato priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, lo cual, por supuesto es muy creíble.

El Gobierno de Veracruz negó que el dinero fuera para el financiamiento de la campaña de Peña Nieto y afirmó que esa cantidad serviría para pagar un contrato con la empresa de producción y edición “Video Industria”, establecida en la Ciudad de México, lo cual fue confirmado por la empresa en cuestión.

Las investigaciones establecieron que ni Said Zepeda ni Miguel Morales, aparecían en ningún directorio gubernamental, por lo que no eran "funcionarios de gobierno", además que la factura presentada por el Secretario de Finanzas, había sido expedida 20 horas después del decomiso del dinero.

Cinco meses después, la PGR concluyó que el origen de los 25 millones era lícito y los devolvieron al gobierno de Veracruz, pero ¡con intereses!, así se consumó otro acto de corrupción con su dosis de impunidad gubernamental.

En el mismo de 2012, sumaban ya nueve periodistas asesinados que en sus trabajos, habían exhibido la posible relación de funcionarios gubernamentales con el narcotráfico.

Esa opinión la compartían otros comunicadores que al final, también fueron secuestrados y asesinados en el estado, que se encargaba de filtrar información dirigida a difamar a los periodistas, sugiriendo que habían sido asesinados por tener nexos con la delincuencia, pero había quedado más que claro que Veracruz era el estado más peligroso para ejercer el periodismo.

Duarte de Ochoa, propuso entonces al Congreso del Estado la creación de una Comisión de Protección a Periodistas de Veracruz, para atender y proteger la integridad de los informadores, así como promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, comisión que de nada sirvió
pues al final de su gestión, habían sido asesinados un total de 17 periodistas, de los cuales el 98 por ciento permanecen impunes.

Duarte de Ochoa, tejió una red de empresas fantasmas, 69 en total, a las que se les facilitaban licitaciones públicas o se les asignaban directamente contratos, relacionados a programas sociales, como el combate a la pobreza o de asistencia.

Las empresas tenían domicilios en predios abandonados o bien, desaparecían luego de recibir los contratos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una investigación y en octubre de 2016, se tenía ya una lista de 69 empresas que no demostraron su existencia y que realizaron operaciones simuladas a través de 131 contratos, con un monto superior a los 950 millones de pesos.

Iván López Fernández, uno de los ex contralores de Duarte, dijo: “El escandalito este de las famosas empresas, no son 27, ni son 123, son más de 600, yo tengo los documentos y todos lo sabían por lo que son directamente responsables”.

Algunos aseguran que el daño patrimonial de la administración de Duarte a Veracruz, fue de 16 mil 349 millones de pesos, más tarde, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación y a la PGR, se supo que hubo un desvío de más de 60 mil millones de pesos de recursos federales, sin embargo hoy se habla de más de 130 mil millones de pesos.

Ante la ola de acusaciones por corrupción, el 12 de octubre de 2016 Duarte solicitó licencia al Congreso del Estado y cinco días después, el 17, se conoció la orden de aprehensión emitida por un juez en contra del gobernador con licencia y varios de sus colaboradores, tras una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Ante los hechos, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, dijo que Duarte había perdido su fuero constitucional al solicitar licencia a su cargo, pero aun así, Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Cámara, aseguró que aún conservaba el fuero por ser gobernador con licencia.

Una semana después fue expulsado del PRI, por “falta de probidad”, término rimbombante para un corrupto, pero ya desde el día 15 de octubre había abandonado el estado, a bordo de un helicóptero que le facilitó su secretario de gobierno, elevado a gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado.

El 11 de noviembre de 2016, la policía detuvo a Mario Medina, primo de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías. Llevaba dos pasaportes falsos con fotos de Duarte y Karime, a nombre de Alex Huerta Del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, respectivamente.

Quedó en libertad bajo caución, indiciado por falsificación de documentos. En su declaración reveló dos posibles ubicaciones de Duarte y su esposa y confesó que los documentos tenían como objetivo el escape de ambos hacia Guatemala.

Ya en este año, en enero, la PGR cateó un domicilio en la calle de Amores de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. No se encontró a Duarte, pero sí se encontraron cajas con 23 millones de pesos en efectivo.

Al siguiente mes, la policía de Veracruz descubrió una bodega en Córdoba, Veracruz. Fueron hallados objetos de asistencia social como sillas de ruedas y despensas, pero también obras de arte, palos de golf, vajillas, artículos de colección; así como retratos del prófugo y su esposa y documentos.

Entre ellos, libretas de marca Mont Blanc y Moleskine, con anotaciones correspondientes a Javier y Karime. En la de su esposa, aparecieron números de cuentas bancarias y listas de propiedades pertenecientes a ambos, así como de presuntos beneficiarios y esquemas de funcionamiento de los desvíos de recursos públicos.

Esos datos encontrados en el inmueble, perteneciente a Isaac Domínguez Acosta, ex trabajador de la administración pública de Veracruz, serían determinantes para ligar en la planeación y ejecución de conductas criminales, a Karime Macías, de acuerdo a la Fiscalía de Veracruz.

A Duarte se le consideraba ya como fugitivo y era buscado por la PGR y la Interpol en países de Centroamérica, el Caribe, Canadá y Europa.

Finalmente, después de casi medio año, fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, a las 20:01 horas, en un hotel de Panajachel, departamento de Sololá. La captura se realizó con apoyo de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República de Guatemala.

La clave para su captura, fue la vigilancia permanente de la PGR a la familia e hijos del matrimonio Duarte-Macías, a quienes no perdieron de vista en ningún momento.

Fue así que al salir de vacaciones los hijos de Duarte, siguieron siendo vigilados, hasta que los ubicaron en el aeropuerto de Toluca, Estado de México. La familia intentaba viajar en un vuelo privado a Guatemala, con más de 12 mil euros y mil dólares, cantidad que supera lo permitido por la ley.

“Siendo las 09:35 horas, se tiene contacto en Posición 2 Llegadas y Salidas Internacionales con la aeronave matrícula XA STK con destino a Guatemala, tripulada por los capitanes Álvaro Fernando Valencia Remus y Ruy Pablo Sánchez Mejorada con 08 pasajeros…”, fue el reporte de la CNS.

Entre los pasajeros estaban los tres hijos del ex mandatario de 14, 10 y 4 años de edad, así como la suegra de Duarte, María Virginia Yazmin Tubilla de Macías, su cuñada, Mónica Ghihan Macías Tubilla, y su concuño, José Armando Rodríguez Ayache, quien llevaba el dinero.

Pero no los detuvieron, sólo los entretuvieron por más de tres horas y finalmente los multaron.

Las autoridades fingieron no darse cuenta que aquellas personas eran familiares del ex gobernador y que no sabían que aquellos niños que los acompañaban, eran sus hijos.

Durante ese tiempo, las autoridades mexicanas habían contactado a sus homólogas de Guatemala y a la Interpol para coordinar el operativo que los llevaría finalmente a la detención de Duarte.

Sólo restaba esperar pacientemente a los familiares de Duarte y seguirlos hasta que los llevaran directamente con el fugitivo

Mientras iban tras ellos, un Ministerio Público solicitó a un juez Penal de Guatemala, girara la orden de aprehensión con fines de extradición, en su contra y finalmente la noche del sábado 15 el operativo concluyó exitosamente.

"Así es señores, soy Javier Duarte de Ochoa, soy el gobernador, no me queda más que decir la verdad", dijo al ser detenido, entre gestos que pretendieron ser sonrisas, pero que realmente eran muecas nerviosas.

Javier Duarte de Ochoa, había sido detenido, no así su esposa Karime Macías, pese a los antecedentes encontrados en la bodega, con números de cuentas bancarias, nombres de contactos y listas de propiedades.

De allanarse a la extradición, es decir, que acepte voluntariamente ser repatriado a México, Duarte podría estar en el país en un plazo de 60 días y de no aceptarlo y recurrir a fundamentos y bases legales, como dijo su abogado Alejandro Jaime, su regreso podría tardar varios años.

Duarte está recluido en la cárcel de Matamoros, ubicada dentro de un cuartel militar en Ciudad de Guatemala, una prisión que alberga a políticos y narcos.

Cuenta con dos secciones, la primera con una capacidad para 16 reos y la segunda con espacio para ocho. La capacidad máxima del presidio es de 32 personas.

Las celdas miden 3.7 metros de largo y 2.7 de ancho. Cada una tiene dos literas hechas de cemento, que seguramente lo harán extrañar sus sábanas de seda de Casa Veracruz, así como un sanitario y una regadera destinadas para dos reclusos.