Reflexión

Cuando al Juez le tiemban las piernas, sólo queda el amparo

José



Si es temerario emitir opiniones a la ligera, esto es, sin conocimiento de causa o del expediente por resolver, lo es más cuando quien se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de la Federación, incurre en acciones que, por ligeras, ponen en entredicho a quienes se le impone la obligación de resolver con plena autonomía e independencia que de suyo está en la ley y sus actos u omisiones es motivo de responsabilidad administrativa o penal
Si bien los que medianamente aprovechamos los estudios jurídicos caemos en serias contradicciones, qué se espera de los legos o los neófitos que se les ocurre transitar o incursionar por esos caminos. De ahí que la ignorancia llega a ser temeraria, ¿qué nos puede sorprender? Como dijo el ministro Pérez Dayán, que todo es cuestión de criterios, es decir, justifica que si muchas veces la ley siendo clara, el que la aplica la interpreta a su manera, y no digamos el que la expide o la hace, pues de ahí aquella expresión que dice “el que hace la ley, hace la trampa”. En síntesis, cuando se enturbia o involucran intereses económicos, políticos o sociales el delito no es grave, como es el caso de peculado, por ejemplo ,o bien cuando se violan derechos humanos con disposiciones regresivas.

Ahora, si es temerario emitir opiniones a la ligera, esto es, sin conocimiento de causa o del expediente por resolver, lo es más cuando quien se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de la Federación, incurre en acciones que, por ligeras, ponen en entredicho a quienes se le impone la obligación de resolver con plena autonomía e independencia que de suyo está en la ley y sus actos u omisiones es motivo de responsabilidad administrativa o penal y que, siendo el Consejo de la Judicatura Federal la encargada de velar por esa autonomía, independencia e imparcialidad, incurre en un desliz, como ha sucedido en el caso de los llamados “Porkys”, con un linchamiento deleznable que amedrenta a quienes, teniendo como obligación esencial, sin miramiento alguno cumplir con la constitución, los tratados internacionales y las leyes en vigor, ahora se actuará con temor ante esa agresión abrupta que no resiste el menor de los análisis y más cuando los tiempos de los recursos no se han agotado, como tampoco se ponderó la presunción de inocencia, el debido proceso, la defensa efectiva, etcétera de quien ponderó o razonó el fallo que incomoda y que zahiere a la judicatura.

El Consejo de la Judicatura Federal está integrado por siete miembros y que, con lo acontecido recientemente, no justifica su permanencia para velar por lo que no cumple, pues si ante la duda se debe amparar y proteger al imputado, se regresa al viejo criterio
de que un auto de formal prisión y -hoy una vinculación a proceso- no se le niega a nadie, cuando vemos que a los jueces ordinarios les tiemblan la piernas para decidir y dejan a los tribunales federales que se echen la bronca, por ello, ya basta de más burocracia innecesaria e ineficiente, que sólo contribuye a empobrecer más a la nación en tanta inversión que se aplica a la justicia y cuyas cárceles están saturadas de inocentes. En conclusión, se abusa de la prisión preventiva por jueces timoratos que cuidan más la pitanza o la placenta que la dignidad de la magistratura.

Para que se tenga una idea clara del escándalo mediático y que el Consejo de la Judicatura hizo suyo y alentó el linchamiento contra un juez federal - que razonó y ponderó su resolución en un caso tan complejo-, lleva a demostrar que el Fiscal y el abogado de la víctima -por cierto actual Fiscal del Estado- no demostraron la existencia del cuerpo del delito para que se vinculara a proceso, pues a ellos es a quienes corresponde desahogar tantas y cuantas probanzas resulten necesarias para acreditar los elementos integradores del cuerpo del delito, así como de la probable responsabilidad del imputado y al no colmarse así y al existir una serie de incongruencias bien sea por negligencia, descuido o incapacidad, son éstos los únicos responsable que el juez del amparo haya resuelto en la forma que lo hizo, por lo mismo debería estar abierta una carpeta de investigación en su contra y que no queden impunes, pues los servidores públicos y los abogados patronos incurren en delitos por acción u omisión, y siendo técnicos en derecho no pueden alegar ignorancia.

Así las cosas, al no existir certeza jurídica en la conducta exactamente configuradora del tipo penal y los agravantes que prevé el código aplicable, imposible es mantener en prisión si no encuadra su actuar en lo que se le imputa, al incurrirse en violación a sus derechos humanos protegidos, de ahí que al revisarse el amparo concedido por el tribunal correspondiente, se llegará a la misma conclusión, pero desafortunadamente el daño cometido queda para siempre en quien está injustamente recluido.

Diplomado en amparo y derechos humanos*
Limacobos@hotmail.com
Tiwtter @limacobos1