PLANA MAYOR
El mensajero herido; el poder público rebasado
Gaudencio
‘Sólo en tierra de ciegos el tuerto es rey’. Dicho popular
Los poderes fácticos del crimen organizado, sindicales e ínsulas del poder están irrefrenables ante un poder público ineficiente, corrupto y complaciente. Las instituciones públicas están haciendo agua ante una grave crisis moral en el país. A las élites mano suave. Y a las mayorías mano dura.
En Veracruz, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas, Chihuahua, por citar algunos estados, la credibilidad ciudadana, la retórica oficial y la nueva moral institucional –por cambio de poderes locales-, se han colapsado por la dinámica de los cárteles de la droga, sindicales y oligarquías que gozan del manto de impunidad por sus actos execrables cometidos contra los medios de comunicación y la sociedad civil.
El mensajero, el vínculo entre el poder público y la sociedad civil que es el espejo de una democracia disfuncional, disfrazada o perfeccionada, está siendo fulminado por el crimen organizado. Los Mass Media veracruzanos intentan acallarlos, amordazarlos, silenciarlos, mediante el asesinato, la amenaza visible e invisible, para imponer un estado anárquico y sin ley.
No es una coincidencia que en Veracruz, a cuatro meses del bienio de la coalición albiceleste-amarillo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien, por cierto, llegó vanamente a recomponer el origen de la descomposición del tejido social, en un lapso de 10 días, del 19 al 29 de marzo, hayan asesinado a un periodista en Yanga y malherido a otro en Poza Rica que se debate entre la vida y la muerte.
¿Por qué en menos de 72 horas, como lo marca la norma, no hay detenidos, sospechosos de los dos atentados? La crisis moral y disfuncional de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General no requiere populismo palaciego o verbo sensacionalista, sino cambios de forma y fondo para reducir la corrupción y complicidades encubiertas de las altas esferas del poder público.
El periodista Ricardo Monlui Cabrera, columnista de El Sol de Córdoba, fue asesinado cobardemente en el municipio de Yanga, el domingo 19 de marzo. No hay detenidos hasta el momento, pero la fiscalía federal especializada investiga su labor profesional, como posibles líneas del móvil y su entorno social.
Armando Arrieta Granados, quien fue gravemente herido de cuatro balazos en la madrugada del miércoles 29 en Poza Rica, jefe de redacción del periódico La Opinión, se debate entre la vida y la muerte, después de haber sido intervenido quirúrgicamente en una clínica en el puerto de Veracruz.
No hay detenidos. Pero directivos del periódico revelaron que con anticipación habían pedido resguardo policiaco por amenazas veladas o anónimas, pero nunca hubo respuesta oficial.
Los atentados a los dos colegas en Veracruz, más la suma del lesionado de bala que resultó el compañero reportero de Imagen de Veracruz y corresponsal de Aristegui Noticias,
Israel Hernández –por fortuna, se encuentra ya en recuperación-, el sábado 25 en Boca del Río, por fuego cruzado entre dos facciones del sindicato de Tamsa, confirma que los poderes fácticos del crimen organizado y sindical, ínsulas del poder y los poderes formales mantienen de rehén a Veracruz.
A esta descomposición social o disfuncionalidad que se vive en la entidad, hay que agregarle el reacomodo, reajuste, revanchismos, venganzas, enconos y luchas sórdidas que ha provocado el titular del poder Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, en complicidades aviesas con los representantes de los poderes Judicial, Edel Álvarez Peña, y Legislativo, Sergio Hernández.
En la práctica, la separación de poderes de las que tanto lamentó y se quejó el hoy gobernador, es una parodia, una tramoya porque que se continúa ejerciendo bajo la sumisión y complacencia de los moralinos panistas y perredistas.
La sociedad civil está entrampada en una purga que abrió por varios frentes el poder público en contra de la clase priista, que evidencia su promesa para restaurar el endeble tejido social que ha concatenado la inseguridad pública, la corrupción, la falta de pagos a proveedores y, en suma, el colapso de las instituciones públicas.
Medios de comunicación y periodistas enfrentan hoy uno de los peores debacles que se haya vivido en la historia política de Veracruz, debido a que la mayoría de los sectores de la prensa que mantenían relaciones comerciales con los gobiernos priistas son señalados por el bienio yunista como la antítesis del periodismo.
La prensa crítica e independiente, encasillada por los iluminados del poder público a una determinada facción ideológica o cofradía para descalificar al comunicador, no sólo tiene que lidiar con las amenazas visibles o invisibles de los poderes fácticos y sindicales, sino con la volatilidad y desdoro del gobierno en turno de la coalición del PAN-PRD que se curan en salud.
Los gobiernos locales y fiscalías generales, pero en particular la Fiscalía Federal Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, han sido rebasados por la extremada movilidad de la delincuencia organizada, que hasta ahora han sido incapaces para echarle el guante a los sicarios que privaron de la vida a Cecilio Pineda, en Guerrero; Ricardo Monlui, en Yanga; la agresión a Israel Hernández; Miroslava Breach, en Chihuahua; y Armando Arrieta, en Poza Rica.
En este epílogo, ¿Qué le depara al mensajero en Veracruz y el país que en teoría es el espejo del poder público, el vínculo entre el poder público y la sociedad civil? ¿Se impondrán los transgresores de la ley, ínsulas del poder, gobiernos autoritarios, disfrazados de redentores, en complicidad con el crimen organizado? ¿Y el mensajero? Difícil el camino para recuperar el orden y la ley. Comentarios a gau41@hotmail.com
