La mal llamada austeridad que se invoca por doquier, no es otra que una ocurrencia más de las muchas que anuncian, con pompa los gobiernos federal, estatales y municipales del país, sin que ello constituya una política pública ordenada y congruente, arrojando una competencia ridícula para ver quien declara una disminución mayor, no de los grandes y altos emolumentos que perciben, sino lo referente a infraestructura, con lo que se acredita que no son recursos indispensables y que luego se desvían para propósitos oscuros.

Mientras millones de mexicanos viven en la miseria y pobreza extrema, entretanto, once personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación deambulan por el país o van por el extranjero con los recursos del pueblo hambriento, harapiento y escuálido a presumir las grandes bondades de nuestro sistema político y que los derechos humanos, que están reconocidos en la Constitución Política de nuestro país, son defendidos, patrióticamente por el poder judicial, desgarrándose la toga y el birrete, para nulificar los desmanes y abusos de los otros poderes –legislativo y ejecutivo- acotándolos y sujetándolos a lo que mandata la ley de leyes.

Por cierto, dentro de algunos días – el 5 de febrero- se cumplen 100 años de la Constitución Política que fue aprobada en Querétaro en 1917, que orgullosamente fue considerada una de las más avanzadas del mundo por la protección a los derechos sociales -laboral y agrario, esencialmente- misma que ha sufrido cientos de reformas que la han ajustado, no a los intereses del pueblo sino a los intereses de la oligarquía dominante y si bien la Suprema Corte de Justicia , en el pasado, sus ministros hicieron historia, no se puede decir lo mismo de quienes ahora la integran o, al menos, no se ha dejado sentir brillantez y compromiso social, pues teniendo las herramientas jurídicas para trascender, han optado por no responder al clamor general, de una auténtica justicia social, esto es, son muy cuadrados, todo lo quieren en el estricto derecho, salvo contadas excepciones, más aún son displicentes e insensibles ante los reclamos populares.

Los referentes más destacados que prueban lo aquí reflexionado lo tenemos, dicen que para muestra un botón, con los casos de Castañeda Gutman, Rosendo Radilla, el fuero militar y otros, que le brindaron a la corte la oportunidad de brillar y sentar precedentes históricos lo que desaprovecharon por lo que el estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a reformar las leyes secundarias que agredían los derechos humanos y para que no se actuara regresivamente en lo subsecuente, se estableció en el artículo primero de la constitución, con precisión contundente, casi de primaria, en qué consisten estos