Que la democracia y la sociedad mexicana sigan esperando árbitros justos, demócratas, que den certidumbre a los procesos electorales en lugar de empañarlos pero, eso es mucho pedir y no sucederá, al menos en esta próxima elección de 2015 y la presidencial de 2018
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¡Habemus nuevo árbitro electoral!, al menos en teoría.
Un árbitro electoral que en la práctica nunca ha sido imparcial, claro, democrático, justo, porque salvo el Instituto Federal Electoral que presidio José Woldenberg los demás han sido un apéndice de los intereses de los grupos de poder económico, que llevan años manejando a los dos partidos políticos mayoritarios en el país: el PRI y el PAN.
Sus integrantes, en su mayoría, siempre han sido obnubilados cuando estos dos institutos o sus candidatos violan la ley electoral, y bajo cualquier argumento los exoneran de las responsabilidades administrativas, pecuniarias y hasta de pérdida de registro electoral. En pocas palabras nunca han visto ni escuchado nada.
Y es que el problema viene desde su composición, desde que los mismos partidos políticos económicamente poderosos en México son los que proponen a los que mas tarde, después de una negociación política entre ellos, determinan que hombres y mujeres son los elegidos para convertirse en autoridades electorales, que ya en la práctica, se convierten en defensores de los intereses de las fuerzas políticas que los propusieron.
Su actuar todos estos años ha sembrado incertidumbre, desconfianza y dudas, que hacen que un 69 por ciento de los ciudadanos no crean en ellos como árbitro, sino más bien como abogados patronos del PRI y del PAN. Por eso han tenido varios abortos no terminando de conformar, de estructurar una autoridad electoral confiable, salvo aquella que presidio Woldenberg de 1997 a 2003.
Fue en las elecciones de 2000 que el Partido Revolucionario Institucional pierde la hegemonía que por más de 72 años venía detentando, y llega a la Presidencia de la República un hombre postulado por otro partido distinto al PRI. José Wolndeberg fue actor principal de esa transición.
A su salida los consejeros volvieron a su triste papel de convalidadores de todas las acciones del PRI y del PAN, dado que este ya estaba en el poder, y asesta su presidente Luis Carlos Ugalde un severo golpe a la democracia al avalar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en 2006, por un escaso margen de 0.56 por ciento, sin importar la campaña sucia, negra que a través de los medios de comunicación le hicieron todos los días al izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El no vio y no escuchó nada y la credibilidad al IFE volvía a derrumbarse.
La sombra del fraude electoral tomo forma y más cuando el propio candidato panista triunfador, Felipe Calderón Hinojosa, manifestó a los medios de comunicación cuando le cuestionaban su victoria aquella frase que le dio la vuelta al mundo “haiga sido como
haiga sido”, refiriéndose a ese fraude, y ni Ugalde ni el TRIFE quisieron actuar para nulificar la elección y convocar a una nueva.
Lo único que sucedió fue la caída del presidente del Instituto Federal Electoral Luis Carlos Ugalde, pero el arbitro volvió a mostrar una parcialidad respondiendo a la forma como dichas autoridades electorales habían llegado para ocupar esos puestos. “Amor con amor se paga”, es decir, si dichas autoridades llegaron allí por una negociación entre el PRI y el PAN, pues de esa forma le devolvían el favor.
La historia de Peña Nieto ya la conoce, ya la sabe. La compra de votos a través del monexgate; el derroche económico que hizo durante la campaña para rebasar los topes, frente a una autoridad electoral que sólo observaba y no actuaba para detener el despilfarro multimillonario, penalizado por la norma electoral.
Así llegamos al pasado jueves, en que la Cámara de Diputados eligió a los 11 Consejeros del Instituto Nacional Electoral que entierra al IFE mudo, sordo y ciego, cumplimentando de esa manera lo establecido en la reforma electoral constitucional del pasado año, pero el método para seleccionarlos y ungirlos es exactamente el mismo. Las cuotas de los partidos políticos mayoritarios que, les cobrarán el cargo a los consejeros en las próximas elecciones federales de 2015.
A decir de los especialistas, de los 11, cuatro son propuestos por el PRI; tres por el PAN y dos por el PRD mientras que el Gobierno federal, para darle un matiz de imparcialidad al nuevo árbitro electoral, propuso al que quedó al final como presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien fuera asesor de José Woldenberg y después de su elección se declara como “gente de izquierda”, preocupado “por la pobreza que permea a México”, describiéndose además como un “liberal socialista”, según consigna la revista Proceso de este fin de semana.
Tres mujeres y ocho hombres son los nuevos árbitros electorales que pretender borrar la mala imagen que deja el IFE después de tantos años pero, a juicio de ser sinceros y honestos, el Instituto Nacional Electoral es sólo un gatopardismo para que todo siga igual, debido a que su integración se gestó igual que como se hizo con el IFE, a propuesta y negociación de los partidos políticos fuertes económicamente, augurando sin temor a equivocarnos que, más temprano que tarde, estos 11 le devolverán el favor al PRI, al PAN y al PRD.
Mientras, que la democracia y la sociedad mexicana sigan esperando árbitros justos, demócratas, que den certidumbre a los procesos electorales en lugar de empañarlos pero, eso es mucho pedir y no sucederá, al menos en esta próxima elección de 2015 y la presidencial de 2018.
